¡Exigimos un alto a la represión en Nicaragua y justicia a las víctimas del Gobierno de Daniel Ortega!

Hace un par de semanas Nicaragua pasó a ser centro de la atención internacional: como resultado de una reforma a la ley de seguridad social que violenta los derechos de los y las trabajadoras del país, se desataron protestas en todo el país.

Como en otros países, España o Argentina, las reformas a los sistemas de pensiones han generado un amplio descontento, pues representan en muchas ocasiones la pérdida de derechos laborales y la posibilidad de contar con prestaciones sociales dignas.

Sin embargo, en el caso de Nicaragua no fue la reforma la que se llevó el protagonismo en la prensa y en la sociedad civil. Sorprendidos por la magnitud de las protestas, inicialmente convocadas por estudiantes sin afiliación clara a los partidos políticos del país, el gobierno de Daniel Ortega decidió reprimir violentamente las manifestaciones mediante fuerzas de choque del gobierno, popularmente conocidas como la “Juventud Sandinista”, en complicidad con la Policía Nacional armada.

En sólo tres días de protestas, los enfrentamientos entre la oposición a la reforma y la Policía Nacional han dejado más de 60 muertes causadas por armas de fuego (según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), cientos de heridos, unos 60 desaparecidos que han ido apareciendo en el depósito de cadáveres, y más de 20 detenidos. Además, durante los días en que tuvieron lugar los enfrentamientos, el gobierno censuró cuatro cadenas de televisión independientes. Gracias a estos medio de comunicación fue posible contar con imágenes en tiempo real de las manifestaciones, quedando el registro público de varios asesinatos cometidos por las autoridades nicaragüenses. Como es el del periodista Ángel Eduardo Gahona, asesinado por un arma de fuego la noche del sábado 21 de abril en la ciudad de Bluefields (zona este del país) cuando filmaba en directo las imágenes de los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

A pesar de que los enfrentamientos han disminuido, la represión contra los estudiantes y movimientos sociales no ha cesado. Nos entristece ver como los Estados optan por judicializar y criminalizar a las juventudes y a las mujeres que se movilizan para expresarse de forma pacífica. La serie de órdenes de aprensión y juicios contra los jóvenes que han participado en las manifestaciones es otra versión de la violencia de Estado que inició el 18 Abril.

Tristemente tenemos noticias que al día de hoy, 8 de mayo, continúan los enfrentamientos, asesinatos y persecución de miembros de movimientos sociales que dificultan las posibilidades de un diálogo con el actual gobierno. Para conocer la situación recomendamos seguir las redes sociales y la web de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

Extendemos un sororario abrazo a las mujeres y organizaciones en Nicaragua con las que colaboramos y a las mujeres nicaragüenses que se encuentran ahora en el Estado español, con quienes trabajamos activamente para visibilizar esta situación.

¡Nos sumamos al llamado de los Fondos de Mujeres Latinoamericanos para exigir un alto a la violencia estatal en Nicaragua y justicia para las víctimas de los enfrentamientos!

Gabriela Castillo – Oficial de Programas

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