“Guatemala y nuestro gobierno cree en la vida y en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer”

Desde la toma de posesión de Morales como Presidente de Guatemala, se han visto ciertos retrocesos en materia de derechos humanos en el país, así como el aumento de la discriminación contra ciertas poblaciones.

Estos hechos, los cuales se han evidenciado en mayor medida durante el segundo año de su mandato, vienen respaldados por el fortalecimiento del matrimonio Estado-Iglesia que aprovecha la influencia de la religión en el imaginario social de la población  para ganar popularidad y legitimidad. Así, desde 2017 se han utilizado tácticas populistas para enfrentar y frenar el avance de las denuncias contra la corrupción, buscando la polarización de la sociedad para sus propios intereses. Dentro de este mismo proceso y con el respaldo del sector religioso de la sociedad guatemalteca, este verano se propusieron, de manera paralela y antagónica, dos iniciativas de Ley.

Por un lado,  la iniciativa de ley 5272 “Ley para la protección a la vida y la familia” prevé condenas de prisión de 5 a 10 años para las mujeres que aborten, de 2 a 4 años para aquellas que sufran abortos espontáneos; y de hasta 50 años a las personas que se dediquen a provocar los abortos. Esta iniciativa también propone prohibir la educación en diversidad sexual y reitera la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo. A este respecto, ya se han avalado dos de los tres debates, y es en este tercer debate donde se ha paralizado. Sin embargo, este proyecto de ley continúa y, si llegara a entrar en vigor, Guatemala se convertiría en uno de los países con la normativa más restrictiva del mundo en relación a los derechos de la mujer.

Por otro lado, la Iniciativa 5376, la Ley de Protección a las Niñas, que proponía la reparación digna de niñas víctimas de violencia sexual, en cuyo artículo 7 se proponía la despenalización del aborto en casos de violencia sexual en niñas de hasta 14 años. La situación en materia de embarazos infantiles es alarmante, según datos compartidos por nuestras compañeras de Grupo Mujeres Ixchel, solo en el primer semestre de 2018, se contabilizaron más de 1.475 niñas embarazadas, entre 10 y 14 años. Según datos aportados por el Procurador de Derechos Humanos en Guatemala, durante el 2014, sobre un total de 1.500 casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, el 84% de los agresores eran un familiar cercano, de los cuales el 30% representaba al padre biológico. Desgraciadamente, y a pesar de los datos mostrados, la Comisión de la Mujer del Congreso emitió un dictamen negativo ante esta iniciativa.

Además de la situación de ilegalidad en la que se encuentra Morales al desacatar la orden de la Corte Constitucional, una acción cercana a un golpe de Estado, estamos sumamente preocupadas por la utilización de temas controvertidos, como el aborto, para generar división en la población, y ganar legitimidad para sus acciones autoritarias y represivas.

Expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de un retroceso de los derechos reconocidos legalmente de las mujeres y la comunidad LGTTTBI e instamos a la comunidad internacional a denunciar la situación actual en Guatemala.

Laura Rosillo, oficial de comunicaciones

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