Llamada urgente al Estado hondureño a respetar y garantizar los derechos humanos de la población y las garantías democráticas

Donar

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo. Cuando llegué a vivir a este país a principios de 2011 ya lo era, tenía las tasas de homicidio más altas del mundo. Hasta entonces yo no era consciente del privilegio que era sentirse segura. Evidentemente, como mujeres, siempre andamos con los ojos bien abiertos. Pero yo siempre me he sentido con la libertad de caminar por la calle a cualquier hora, parar un taxi por la calle o de sacar el móvil en el transporte público.

Una vez en Tegucigalpa supe que la violencia delincuencial no era la única. Sabía que en 2009 había tenido lugar un golpe de Estado contra Manuel Zelaya, supuestamente con el fin de evitar que reformara la Constitución para poder ser reelegido como presidente. Pero no conocía la gravedad de la crisis de violencia que se había producido en el marco de la resistencia al golpe de Estado.

Desde entonces la democracia hondureña se ha debilitado, aumentando la violencia y las violaciones de derechos humanos. Las y los defensores de derechos humanos se juegan literalmente la vida. El de Berta Cáceres ha sido el caso más sonado, pero no es el único. De hecho, Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, según el propio Relator Especial sobre defensores de la ONU, Michel Forst.

Un nuevo Código Penal que no es casual

Desde que volví, primero a Barcelona y luego a Madrid, he seguido muy atenta lo que ocurría en Honduras. El apoyo que prestamos desde Calala a organizaciones feministas en Honduras, me ha permitido trabajar con compañeras hondureñas sobre todo en la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en un país en el que el aborto está totalmente penalizado y la píldora del día después está prohibida.

Durante 2017 seguimos con mucha preocupación el proceso de aprobación del nuevo Código Penal de Honduras. Este nuevo Código mantuvo la penalización absoluta del aborto y creó nuevos delitos como el de terrorismo, sedición, atentado y usurpación, dirigidos a aumentar la criminalización la protesta. Organismos de Naciones Unidas mostraron su preocupación por el nuevo Código, que en sus inicios contó con el apoyo de la AECID y en el que ha participado activamente un consultor de la Universidad Carlos III de Madrid, como se explica en este artículo.

Nuestras socias en Honduras veían con mucha preocupación estos nuevos tipos penales, ya que preveían que se podían estar sentando las bases de cara a las elecciones generales del mes de noviembre. Unos meses antes ya temían que pudiera producirse un fraude electoral que favoreciera al actual Gobierno y que éste pudiera desembocar en protestas ciudadanas o incluso, como finalmente ha ocurrido, en una crisis política y de derechos humanos como la que tuvo lugar en 2009.

El accidentado recuento

El domingo 26 de noviembre de 2017 se celebraron las elecciones generales de Honduras. Juan Orlando Hernández, al que se conoce como JOH, del Partido Nacional, se presentaba a la reelección, si bien esta había sido precisamente la excusa para deponer a Manuel Zelaya en 2009.

Frente a él estaban Luis Orlando Zelaya, el candidato del Partido Liberal y Salvador Nasralla, encabezando la Alianza de Oposición a la Dictadura, de la que forma parte Libertad y Refundación “Libre”, el partido del ex presidente Manuel Zelaya.

Estaba segura de que el lunes me iba a despertar con noticias de que JOH había ganado las elecciones. Pero no, el recuento era favorable a Salvador Nasralla, que encabezaba el recuento, con el 45,17% de los votos con el 57% escrutado.

Después de informar de estos datos se paralizó el recuento y el Tribunal Supremo Electoral anunció que el resultado definitivo estaría listo el 30 de noviembre, ¡cuatro días después de las elecciones! Finalmente, fue el 2 de diciembre cuando el TSE acabó el recuento y finalmente el 17 de diciembre declaró los resultados oficiales, dando como ganador a JOH.

Continúa la violencia contra la ola de protestas

Esta situación ha producido una ola de protestas en todo el país, que continúa a día de hoy. Y a las protestas se ha respondido con violencia. Según el último informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, se registraron 30 personas asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad del estado, 232 personas heridas y lesionadas, 72 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 32 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 1.085 personas detenidas, una persona desaparecida y 126 manifestaciones reprimidas.

El pasado 20 de enero comenzó un Paro Nacional, en el marco del cual volvieron a cometerse violaciones a derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para intentar documentar todos los casos y actuar como observadoras en las protestas.

Junto con otras organizaciones internacionales hemos firmado este pronunciamiento en el que exhortamos, entre otros, a la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros a que utilicen las instancias pertinentes para condenar la violencia, proteger a las personas defensoras de derechos humanos, y llamar al Estado hondureño a respetar y garantizar de manera urgente los derechos humanos de la población y las garantías democráticas.

Seguimos en coordinación con otras organizaciones en el Estado español para dar visibilidad a la grave situación que vive el país mientras intentamos movilizar recursos para apoyar el trabajo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

 

Firma: Fiona Montagud, Directora de Programas