Hablamos con Regina Fonseca, coordinadora de CDM Honduras sobre la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Honduras

Lideran la campaña “Hablemos lo que es” para desmontar mitos y difundir información veraz sobre la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), prohibida en Honduras desde 2009.

Hablemos lo que es

Honduras es uno de los tres países centroamericanos (y de los 8 del mundo) en los que el aborto está criminalizado sin restricciones. El nuevo Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de prisión para las mujeres que aborten, aunque hayan sido espontáneos. Tras el golpe de Estado de 2009, la prohibión también de la PAE fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo.

Por un Acuerdo Ministerial, en 2009 se prohibió cualquier método anticonceptivo de emergencia, cuyo impacto se evidenció en el registro de los partos en adolescentes. Honduras actualmente se mantiene como el segundo país con más adolescentes embarazadas entre los 10 y 18 años.

Grupo Estratégico por la Anticoncepción de Emergencia

Desde entonces, desde el Centro de los Derechos de la Mujer (CDM Honduras) han tratado de revertir el Acuerdo Ministerial con diferentes ministros, y a través de denuncias ante la CEDAW y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con el anterior Estado, las organizaciones de mujeres y feministas tenían espacios de diálogo, y podían vigilar la correcta aplicación de la ley contra la violencia doméstica. Desde el golpe de Estado, el número de feminicidios ha aumentado (235 feminicidios solo en 2017), incluyendo la violencia sexual.

En 2014, un diputado nacionalista, que es médico gineco-obstetra, introduce en el Congreso un proyecto de ley para volver a acceder a la Anticoncepción de Emergencia. En ese momento se constituyó el Grupo Estratégico PAE para la Anticoncepción de Emergencia (GEPAE), para dar apoyo político esa iniciativa y revertir así el actual Acuerdo Ministerial.

En 2016, el GEPAE participó en la mesa técnica que la Secretaría de Salud conformó para elaborar un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, incluida la prevención del embarazo. Este protocolo, que se entregó en octubre de 2017 a la Ministra de Salud no obtuvo respuesta hasta 2018, cuando el nuevo ministro de Salud declaró que los anticonceptivos de emergencia eran una decisión política y religiosa, y que estaba fuera de sus manos.

“No sabemos que están esperando. Mientras tanto, al menos,  3.000 mujeres denuncian violencia sexual al año. La gran mayoría de las víctimas no lo denuncian, y ninguna tienen acceso a un mecanismo altamente comprobado que puede evitar un embarazo no deseado producto de la violación.”

Como una iniciativa ciudadana, mujeres jóvenes lideraron la campaña #YoNoQuieroSerViolada empapelando las calles de Honduras denunciando la violencia sexual que sufren las mujeres. Este mensaje se masificó, y acabó convirtiéndose en todo un movimiento.

Yo no quiero ser violada

#HablemosLoQueEs

Aún con todas sus acciones por la despenalización del aborto entre 2015 y 2017, ya se publicó el nuevo código penal con penas de hasta 10 años por abortos inducidos.

Con la campaña #HablemosLoQueEs, CDM pretende desenmascarar los mitos y difundir información veraz sobre la PAE: qué es, qué no es, sus usos indicaciones, etc; con el fin de que las mujeres conozcan la verdad sobre la PAE como una estrategia fundamental para su salud sexual y reproductiva.

“Seguimos luchando para que todas las mujeres puedan tener acceso a este método que, de alguna manera, garantiza algún grado de justicia reproductiva para las mujeres en Honduras.”

Regina opina que sí se están consiguiendo cambios en el pensamiento social, pues cada vez hay más gente expuesta a este tipo de información. Cree que una cuarta parte de la población ya ha puesto en el centro del debate la problemática de la violencia sexual.

Sin embargo, los grupos antiderechos tienen cada vez más influencia en el gobierno y que el discurso articulado de la “ideología de género” ha ganado fuerza hasta convertirse en un brazo ideológico de la extrema derecha fundamentalista, que incluye alianzas entre católicos y evangélicos en incluso con organizaciones civiles.

Desde CDM, seguirán informando y reproduciendo esta información, en alianza con otros movimientos, para seguir demandando el protocolo para las sobrevivientes de violencia sexual, y la anulación del vigente Acuerdo Ministerial. Afirman que la institucionalidad en Honduras es tan frágil, que los ministros cambian constantemente y es muy dificil que avancen los discursos y se lleven a término sus solicitudes.

Por último, Regina destaca el gran foro que van a organizar sobre los anticonceptivos de emergencia que realizaran entre agosto y septiembre, para después continuar con la demanda del protocolo.

¿Cómo afecta el contexto actual de Honduras a los derechos sexuales y reproductivos?

La caravana migrante honudreña es un fenómeno migratorio reflejo de las políticas de criminalización, remilitarización y falta de oportunidades. Sin tener datos globales, en la primera caravana se habla de que el 49% de las personas eran mujeres con niños y niñas, así como mujeres sin marido o sin pareja. Las campañas de detención de la migración criminalizan a las mujeres, y las políticas del gobierno han profundizado la stiuación de exclusión y pobreza, así como la brecha entre pobres y ricos. Además, el Estado no ofrece oportunidades para la juventud.

Hoy, 28 de junio, se cumplen 10 años del Golpe de Estado en Honduras. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad hondureñas han matado y herido a maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros ciudadanos hondureños que protestaban por los recortes en los sistemas de salud y educación. Al menos cuatro estudiantes resultaron heridos por balas el 24 de junio cuando la Policía Militar del Orden Público irrumpió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En muchos otros incidentes en todo el país, las fuerzas de seguridad han herido a manifestantes disparando balas y con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. Esta represión debe parar ahora mismo.

Instamos al gobierno hondureño a ordenar a todas las fuerzas de seguridad que inmediatamente pongan fin al uso excesivo de fuerza contra manifestantes; prohibirles responder a cualquier protesta; y que se pogna fin a cualquier amenaza y abuso contra las y los defensores de derechos humanos.