El 23 de enero de este año, dos días después de la gran marcha de mujeres en Washington y en muchas otras ciudades del país y del mundo, el presidente Donald Trump firma un decreto con el que se vuelve a implementar la Mexico City Policy (política de la Ciudad de México), también conocida como “Global Gag Rule” (ley mordaza global). Ésta es una política gubernamental estadounidense que prohíbe dar financiación a las organizaciones no gubernamentales que realizan, promueven o simplemente mencionan el aborto como opción.
El presidente estadounidense Ronald Reagan fue el primero en ponerla en vigor en 1984 en la conferencia de Naciones Unidas en la Ciudad de México, de ahí proviene su nombre. Desde entonces, se ha ido implementando por parte de
los gobiernos republicanos y suprimiendo por gobiernos demócratas. Es decir, tras el presidente Reagan, George Bush (padre) la mantuvo activa, siendo revocada por su sucesor Bill Clinton y volviendo a ser instaurada bajo la presidencia de George Bush (hijo). Como presidente demócrata, Barack Obama derogó de nuevo esta ley, estando fuera de vigor hasta los primeros días del actual presidente Donald Trump. Las personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos denuncian el gran peligro de dicha ley, pues no sólo ordena retirar los fondos a clínicas de planificación familiar, sino que también los retira de cualquier clínica que abogue por la legalización del aborto o que de información sobre éste, a pesar de que los fondos estadounidenses no estén destinados a estos fines.
Al analizar de cerca el empleo real de este financiamiento internacional a lo largo del tiempo por parte de la potencia estadounidense, nos encontramos con uno de los puntos más llamativos de todo este asunto, la Enmienda Helms, que data de 1973 y que lleva activa desde entonces. Esta enmienda prohíbe destinar los recursos económicos provenientes de Estados Unidos a prácticas relacionadas con el aborto. Lo que se traduce en que ya anteriormente el dinero proveniente de este país no estaba siendo utilizado para estos servicios. Durante la legislatura de Barak Obama, la financiación internacional no era destinada directamente a las prácticas del aborto, pero las organizaciones no gubernamentales podían seguir recibiendo fondos que utilizaban con otros objetivos. No obstante, la actual Global Gag Rule va más allá, haciendo ilegible a todas aquellas organizaciones que den asistencia de planificación familiar o que estén relacionadas directa o indirectamente con estas prácticas, a pesar de que en los países de acción sean legales o a pesar de que dichas prácticas no sean la principal actividad o enfoque de la organización afectada. Por lo tanto, todas las organizaciones que se posicionen, ofrezcan información, acceso, consejo, que faciliten asistencia sanitaria posterior al aborto, o cualquier otra actividad involucrada con este derecho, se verán en la tesitura de decidir si seguir recibiendo fondos estadounidenses, o por el contrario denegar estos servicios a las mujeres que los necesiten, lo que implica una gran limitación de las libertades y de la calidad de cualquier labor sanitaria. Por ello, se verán afectados numerosos servicios debido a que en muchos países las mujeres obtienen el cuidado sanitario en cuestiones reproductivas en el mismo lugar que los otros cuidados. Según NAF (National Abortion Federation) o Planned Parendhood, esto afectará al tratamiento del Zika, del VIH o de malaria, además de afectar a los servicios de maternidad y con ello a un sinnúmero de mujeres alrededor del mundo.
Como bien indica la imagen presentada, las diferencias legales entre estas dos cláusulas se basan de manera muy resumida, en que la enmienda requiere de un cambio en la ley y la “ley mordaza global” depende de una sola persona, el presidente de los Estados Unidos.
En el video animación que vemos a continuación Cecile Richards, la directora de Planned Prenthood, explica con soporte visual lo dicho anteriormente aquí, y propone a su vez, una solución. Según ella, es necesario crear una ley que impida al gobierno estadounidense restringir los fondos internacionales a actividades que son legales en los países de destino y en los Estados Unidos.
Tras ser reestablecida la ley, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, explicó en una rueda de prensa que esta política sigue la línea ideológica del nuevo presidente, el cual se define como pro-vida (“pro-life president”). En su discurso, Spicer añade que la ley de La Ciudad de México respeta los impuestos de los americanos, previniendo usarlos en actividades que van en contra de los valores del gobierno. Este discurso acarrea gran frustración e indignación, pues uno de los argumentos reivindicativos más comunes por parte de los expertos, activistas y profesionales en el campo, es la gran contradicción que estas políticas suponen. Por un lado, lo que se asegura estar guiado por la defensa de la vida, acaba siendo una gran negación a la igualdad de las personas y una cínica apuesta en contra de los derechos de las mujeres. Se prevé que como en anteriores periodos, la prohibición no disminuya las necesidades de educación y el número de abortos, sino que las condene a la precariedad y en la mayoría de los casos las aumente de manera insalubre con gran probabilidad de incrementar la mortalidad materna.
Por otro lado, como ya hemos comentado antes, los impuestos no estaban siendo usados internacionalmente para tales fines, debido a la Enmienda Helms, por lo tanto nos preguntamos si la justificación de la Global Gag Rule se debe a la pura ignorancia del nuevo gobierno estadounidense, o simplemente es una cobarde declaración contra los las mujeres, ya que como indica el Vicepresidente ejecutivo de Planned Parenthood, lo único que hace este decreto es restringir a las organizaciones internacionales hasta el punto de no dejarlas hacer su trabajo. Tuvimos una breve conversación con Brian Dixon, el presidente de comunicaciones de Popular Connection, una organización estadounidense “pro-choice” (a favor de la libertad de elección), y al preguntarle sobre las respuestas del gobierno a todos estos datos e información tan contradictorios a su versión oficial, nos asegura que hay un completo silencio que alude cualquier tipo de responsabilidad.
Ha habido gran resistencia por parte de determinados sectores nacionales. Por ejemplo, la congresista Nita Lower del estado de New York y la congresista Jeanne Shaheen de New Hampshire han introducido una ley Global de Salud, Empoderamiento y Derechos, denominada originalmente the HER Act (The Global Health, Empowerment, and Rights) que se opone de manera reiterada a la política de la Ciudad de México. Según Nita Lowey, la Global Gag Rule, hará menos efectiva la asistencia internacional. Desgraciadamente, las expectativas de derogar las acciones de Trump en este campo son bastante escasas ya que el congreso está hoy en día controlado por los republicanos.
También ha habido mucha resistencia por parte de movimientos sociales y organizaciones de planificación familiar. Brian Dixon, afirma la existencia de una mayor oposición colectiva a la decisión del gobierno, pues parece que en esta ocasión hay más colaboraciones y comunicación entre los proyectos que trabajan por la libre decisión de las mujeres que en las otras ocasiones de vigencia de esta ley. En el caso concreto de su organización, han sacado una campaña llamada Fight4Her. Cuando le preguntamos por las expectativas hacía un posible cambio de rumbo en esta legislatura, indicó que aunque son conscientes de la dificultad de su labor, teniendo en cuenta el poder de resistencia al que se enfrentan (el gobierno estadounidense y una larga historia de opresión y control de las libertades de decisión), la lucha de todos estos organismos e individuos unidos es imparable y aumenta indiscutiblemente, lo que pondrá las cosas difíciles a este tipo de políticas.
Donald Trump firmando la Política de la Ciudad de México. Traducción: Mientras vivas, nunca verás una fotografía con 7 mujeres legislando sobre lo que los hombres pueden hacer con sus órganos reproductivos.
A nivel internacional también ha habido poderosas respuestas a la política estadounidense. El 24 de enero de 2017, la ministra holandesa de comercio exterior y de cooperación para el desarrollo, Lailianne Ploumen, emprendió una campaña llamada Shedecides (ella decide) con el fin de recaudar fondos para compensar la reducción de recursos que muchas ONG van a experimentar en sus labores de planificación familiar y de lucha por la igualdad sexual. Este es un fondo internacional que pretende ser canal entre las instituciones e individuos de origen y las organizaciones de destino, es decir, que en ningún momento pretende crear nuevas estructuras sino que quieren fortalecer y apoyar a los mecanismos ya existentes. El 2 de este mes hubo una conferencia de presentación en Bruselas, de la campaña She decides, donde se pudo materializar visualmente esa unión de luchas globales por la libertad de elección de la mujer.
Los fondos y esfuerzos resultan algo agridulces porque aunque son muy alentadores, resulta complicado conformarse sabiendo que la vida de muchas depende de la elección de unos pocos, que están lejos y parecen habitar otras esferas y mundos.
