Para el 21 de marzo, Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, las compañeras de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, a las que apoyamos desde 2012, prepararon varias actividades y manifestaciones para reivindicar la igualdad de trato para las mujeres migradas y denunciar las discriminaciones y vulneraciones de derechos que suponen medidas como el apartheid sanitario, que excluye a migrantes sin papeles de la atención en la red sanitaria pública. El martes 24 de marzo, la Red organizó el Foro de Debate Político «Mujeres Migrantes, visibles y con Derechos» en el Auditorio SEGIB de Madrid.
Con este encuentro, la Red quiere «generar una reflexión y diálogo político con diversos actores claves sobre el acceso y ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres migrantes» y «dar a conocer, así como recoger demandas y propuestas de los diferentes actores y colectivos participantes de cara a la construcción de la ‘Agenda de mujeres migrantes: visibles, ciudadanas y con derechos’”. En el encuentro hubo mesas de diálogo con partidos políticos sobre ciudadanía e integración de las mujeres migradas y sobre la igualdad real de derechos de las trabajadoras del hogar. Como referencia, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Decente para las y los Trabajadores del Hogar de 2011, cuya ratificación por parte del Gobierno español vienen reivindicando desde entonces. De hecho, el 29 de marzo, Día Internacional de las y los Trabajadores del Hogar, la Red convoca una concentración en la Puerta del Sol de Madrid a las 13.30 para exigir la plena equiparación de derechos de las empleadas y cuidadoras del hogar.
Además, en el Foro se presentó un Documento diagnóstico sobre la situación de las mujeres migrantes en el que se evalua el impacto de la crisis y los recortes y reformas derivados de las políticas de austeridad, en el que la Red presentará sus propuestas para construir una agenda conjunta con otras organizaciones de migrantes.
Por la derogación del apartheid sanitario, ¡ni una muerta más!
La Red viene denunciando activamente la vulneracion de derechos de las mujeres migradas con medidas como como el Real Decreto 16/2012, conocido como «apartheid sanitario». El pasado 10 de marzo, varias integrantes de la Red participaron en el Acto de Declaración Institucional por la Universalidad del Sistema de Salud, para el que la Red emitió un Pronunciamiento en el que expresa su preocupación por el impacto de la exclusión de la población migrada, y en especial de las mujeres, de la atención en la red sanitaria pública. La Red denunció que se está negando la cobertura a familiares ascendientes (padres, madres, abuelos, tías) de las migradas pese a que tienen permiso de residencia por reagrupación familiar, y que tampoco pueden acceder a los seguros privados porque las aseguradoras les rechazan «por tener una edad avanzada o por los altos costos que representa comprar un seguro privado. El derecho a la salud no se puede convertir en una mercancía».
Además, explicaron que se están poniendo trabas a mujeres con permiso de residencia para renovar su tarjeta sanitaria, y dificultándoles el acceso a la información. Mostraron su preocupación por aquellas migradas que llevan más de cinco años residiendo en el Estado español y, tras perder su permiso de residencia por haberse quedado sin trabajo, lo que llaman «irregularidad sobrevenida», ahora tienen negado el acceso a la atención sanitaria pública. Las compañeras denunciaron también «el deterioro de la salud de las mujeres inmigrantes. Por las condiciones de precariedad laboral e inestabilidad nuestras amigas expresan diversidad de dolencias. Vemos en sus rostros el miedo a enfermar, el miedo a perder el empleo, el miedo a ser rechazadas al llegar al centro de salud, el miedo a ser encerradas en un CIE con probabilidad de ser deportadas al acceder a la atención médica». Además, llamaron la atención sobre la situación de aquellas migradas «que no tienen documentación y sufren violencia de género u otro tipo de violencias (trata, violencia sexual, económica, acoso laboral, entre otras). La falta de permiso de residencia y trabajo, el temor a poner en peligro la renovación o a la expulsión, acrecienta las condiciones de vulnerabilidad». Además, «el miedo a sus agresores, el aislamiento, la debilidad del tejido social y familiar que llevan sobre sus espaldas por ser mujeres inmigrantes, las tienen silenciadas». La Red exige la derogación del Real Decreto 16/2012 «porque no queremos ni una muerta más», y demanda «igualdad de trato, aquí hemos instalado nuestro hogar, aquí trabajamos, pagamos impuestos, aquí convivimos y no es justo que se nos discrimine de esta manera. ¿Dónde queda la protección y las garantías para nuestros derechos humanos?»
